Los derechos humanos se han construido en el seno del capitalismo y en contradicción con él, por ello constituyen una referencia ineludible para las luchas sociales y políticas dirigidas a consolidar lo público y a fortalecer la democracia.
Si bien la tematización de los Derechos Humanos ha estado presente a lo largo de la historia de nuestra Universidad, interesa puntualizar que esta dimensión es colocada de modo explícito, transversalizando todas sus funciones, a partir de las luchas reivindicativas y del amplio debate que nos dimos en el año 2008 con la reforma del Estatuto. Mediante esa construcción normativa reafirmamos el compromiso con los valores democráticos y republicanos, en defensa de la soberanía, la independencia nacional y la unidad latinoamericana; y con la búsqueda de respuestas a problemas sociales que afectan principalmente a los sectores vulnerabilizados cuyos derechos esenciales no están garantizados.
En el mismo sentido, definimos a la educación superior y al conocimiento como un bien público y social, que debe propiciar el ejercicio de las libertades fundamentales, reconociendo la plena vigencia de los derechos humanos, sin discriminación alguna por motivos de raza, sexo, género, idioma, religión, origen social, procedencia, condición económica o u otras. Y establecimos las directrices expresadas en el Artículo 1º del mencionado Estatuto, que expresa:
La Universidad Nacional de La Plata, como institución educacional de estudios superiores, con la misión específica de crear, preservar y transmitir la cultura universal, reconoce la libertad de enseñar, aprender e investigar y promueve la formación plena de la persona como sujeto y destinatario de la cultura. Todo ello inspirado en los principios reformistas y sobre la base de una universidad nacional, pública, gratuita, abierta, laica, autónoma y democráticamente cogobernada, por los cuatro estamentos de la comunidad (docentes, estudiantes, graduados y no docentes). En tal sentido organiza e imparte la enseñanza científica, humanista, profesional, artística y técnica; contribuye a la coordinación de la educación inicial, primaria, secundaria y superior, para la unidad del proceso educativo; estimula las investigaciones, el conocimiento de las riquezas nacionales y los sistemas para utilizarlas y preservarlas y proyecta su acción y los servicios de extensión universitaria hacia todos los sectores populares. El marco democrático planteado para una universidad pública no debe permitir la pertenencia a su vida institucional, por coherencia y en reserva y beneficio de sus principios, de ninguna persona involucrada en violaciones a los derechos humanos y/o terrorismo de estado. (2009:7)
De modo que, instalar esa referencia implica inscribir una marca que nos exige como comunidad universitaria, promover actividades en docencia, investigación y extensión, que profundicen la lucha contra la impunidad frente a graves violaciones y delitos atroces acaecidos en nuestra historia reciente, algunas de las cuales persisten y se reproducen actualmente. También la representación histórica y contingente de los derechos, requiere de un trabajo de problematización acerca de las condiciones que dificultan el acceso de muchos sujetos a su goce efectivo, recreando el carácter público, democrático, autónomo y co-gobernado de la Universidad.
Desde estas aproximaciones y reconociendo que la ampliación de derechos es constitutivamente un campo en disputa, con el equipo de trabajo de la Prosecretaría de Derechos Humanos de nuestra Universidad -junto a muchos integrantes de las Facultades, Colegios y Dependencias que conforman la institución- desplegamos un conjunto de políticas y estrategias vinculadas a:
- Profundizar las políticas de Memoria, Verdad, Justicia y Reparación que contribuyan a efectivizar el juicio y castigo a los responsables del terrorismo de Estado y a erradicar la impunidad. Para este eje realizamos: a) acciones de reconstrucción, reparación y digitalización de legajos de estudiantes, graduados y trabajadores docentes y no docentes de esta casa de estudios que fueron víctimas del terrorismo de estado; b) acciones como querellantes en los Juicios por delitos de Lesa Humanidad; c) acciones vinculadas a instalar el “Mes de la Memoria en la UNLP” como proyecto colectivo que invita y nuclea las propuestas de los diferentes actores universitarios con relación al tema, problematizando la categoría “terrorismo de Estado” y el papel histórico que ha tenido el Estado en la Argentina, así como el concepto de “genocidio” como práctica social que destruye y reorganiza las relaciones sociales; d) acciones de formación e interpelación de discursos “negacionistas” o “simplificadores” que deshistorizan y despolitizan los hechos generando consecuencias nefastas para la reconstrucción de un entramado social justo e igualitario
- Identificar los desafíos de la sociedad contemporánea en relación al campo de los Derechos Humanos exigiendo al Estado el cumplimiento de su responsabilidad en la prevención, sanción y erradicación de toda forma de violación a los mismos, así como la promoción y protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Este eje se concretiza con la implementación de estrategias en coordinación con el Consejo Social, en el diálogo con la sociedad civil y con los poderes del estado, a través del trabajo de la Comisión Universitaria de Discapacidad, y con acciones planificadas en forma conjunta con referentes de las facultades, dirigidas a niños y niñas con derechos vulnerados que ingresan y permanecen varias horas en las sedes de las facultades o en las calles de la ciudad de La Plata y alrededores, entre otras. Estas iniciativas permiten avanzar en la consolidación de proyectos estratégicos, poniendo en debate los saberes de los diferentes campos disciplinares y la responsabilidad ética, política e intelectual del campo universitario frente a las violaciones y vulneraciones de derechos, disputando el sentido y la direccionalidad de las prácticas institucionales.
- Promover el debate público sobre las violaciones a los derechos humanos, en el pasado reciente y en la actualidad, asumiendo colectivamente la lucha simbólica entre definiciones retóricas e interpretaciones legítimas. Este eje es desarrollado en forma permanente a través de diversas acciones y dispositivos institucionales que han propiciado por ejemplo: a) la conformación de espacios institucionales que abordan específicamente la temática de los derechos humanos en ocho facultades y en los colegios preuniversitarios; b) la construcción de una política institucional contra la discriminación y la violencia de género, con su correspondiente Protocolo, que se retroalimenta con el trabajo de promoción y protección de derechos que realizan los equipos que funcionan como “unidades de atención” en seis facultades; c) la constitución de un área institucional que, en forma conjunta con la Prosecretaría de Bienestar Universitario y en diálogo con el estado provincial y con el poder judicial, trabaja sistemáticamente por el derecho social a la educación de los estudiantes privados de su libertad, alojados en las dieciocho unidades penitenciarias de La Plata y distritos aledaños; d) la creación reciente de un espacio de intercambio interdisciplinario con docentes, investigadores y extensionistas con vasta trayectoria en temas vinculados a infancias y juventudes, que viene construyendo un debate argumentado en torno de la justicia penal juvenil, identificando las tensiones, desafíos y complejidades que el tema genera, y asumiendo la responsabilidad ética de producir y comunicar conocimientos que propicien iniciativas legislativas, ejecutivas y judiciales respetuosas de los derechos de los y las jóvenes.
- Propiciar un trabajo formativo que promueva el respeto a la multiculturalidad, a la identidad de género, a las libertades fundamentales y a la democracia, a partir de su visibilización como contenidos curriculares, de investigación y de extensión, de todas las propuestas educativas. Este eje constituye un desafío para la universidad y requiere de un trabajo colectivo para afianzar en las currículas la perspectiva de los derechos humanos como dimensión transversal a la formación de una intelectualidad crítica.
- Coordinar un trabajo inter-institucional con Áreas de derechos humanos de universidades nacionales en el marco de la Red de UUNN y DDHH, con las organizaciones sociales, sindicales, con los organismos de derechos humanos y con los poderes del Estado. Estas articulaciones permiten fortalecer proyectos, colectivizar preocupaciones y visibilizar la relevancia del trabajo en torno del reconocimiento y la ampliación de derechos en el marco de la construcción de una sociedad democrática más justa e igualitaria.
La trayectoria de nuestra universidad muestra que los sucesivos equipos de gestión han desarrollado muchas de estas estrategias de promoción y protección de derechos que hoy resignificamos y profundizamos a través de las líneas programáticas mencionadas. Y ello es posible en el marco de un proyecto de universidad donde –no sin tensiones- se historizan, se repolitizan, se recrean y se crean propuestas a partir del aporte de diferentes actores, que van consolidándose en el tiempo y en un diálogo permanente con los contextos.
Continuar produciendo debates necesarios y estratégicos para disputar y visibilizar los sentidos de la educación superior como un derecho social, ineludiblemente tramado a la institucionalidad democrática y al conjunto de derechos que posibilitan su efectivización, constituye uno de los principales desafíos de nuestra universidad en este tiempo histórico y una apuesta para la política de derechos humanos que venimos desplegando.
