Cuando nos propusimos avanzar en la construcción de un Consejo Social, el problema del acceso a la tierra y a la vivienda estuvo entre los principales temas de agenda.
El pedido de incorporación de ese tema surgió, a comienzos de 2011, de las organizaciones sociales que planteaban que necesitaban políticas de Estado para contar con alternativas a la ocupación de tierras, para resolver el problema habitacional de miles de familias que no son sujeto de crédito ni pueden afrontar los valores del mercado de suelo.
Nuestro Consejo Social -integrado por representantes del Ejecutivo Provincial, del Poder Legislativo, de los municipios de la región, de organismos de ciencia y tecnología, de sindicatos y organizaciones sociales y de integrantes de toda la comunidad universitaria- aportó a la aprobación y posterior implementación de la ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat, por considerarla una herramienta fundamental para dar respuesta a estos reclamos.
Del mismo modo, sumó recursos humanos y económicos al desarrollo de proyectos para la mejora del hábitat, para la regularización de barrios informales y también para la resolución de conflictos por desalojos y relocalizaciones.
Actualmente, como resultado de la grave situación económica que enfrentan muchas familias, se producen gran cantidad de ocupaciones de tierra que afectan el derecho de los propietarios de esas tierras y que también ponen a cientos de familias en situaciones de profunda vulnerabilidad.
Frente a esto, es lamentable ver cómo algunos medios de comunicación dedican casi diariamente espacio a dar voz al reclamo de los propietarios y a denunciar negocios inmobiliarios, y no destinan ni un renglón a la voz de estos sectores que son estigmatizados y criminalizados, que no tienen la posibilidad de defenderse.
Nadie puede creer que haya personas que elijan para sus hijos pasar los últimos meses con el frío de este invierno, en casillas de 2 x 2, de madera y plástico, teniendo alternativas. Y menos puede creer que haya cientos de familias que se sometan a eso con objetivos especulativos. Hay otra explicación y no mostrarla tiene que ver con una decisión política.
Está claro que este es un problema estructural de varias décadas y que es mucho lo que falta. Pero también es cierto que en los últimos años se han logrado grandes avances en procesos de urbanización, en regularización de villas y asentamientos, y en establecer el diálogo y la construcción de consensos como manera de encarar estas situaciones, reconociendo que hay muchos derechos en juego y que todos deben ser atendidos.
El Consejo, con todo el respaldo de nuestra Universidad, se ha constituido en uno de esos espacios de diálogo y construcción de consensos, y es por eso que hoy podemos ofrecerlo a los diferentes actores como lugar de encuentro.
Frente a la situación de ocupaciones y desalojos en curso de los últimos días, ha sido este Consejo, esta Universidad, la que se ha ocupado de dar voz a los silenciados por los medios tradicionales, y esto es algo que nos enorgullece profundamente, porque muestra una Universidad que no mira para otro lado, que se compromete, que no acepta los lugares comunes con los que muchos buscan aquietar sus conciencias, viendo “vagos” y “cómodos” donde hay personas que no encuentran salida, para ellos ni para sus hijos.
Esa Universidad, que discute, que tiene muchos disensos, pero también grandes acuerdos, es la que sostiene y permite desplegarse al Consejo Social, y es la que decide involucrarse en estos temas, que algunos dirían que no están en su órbita, porque mira a la cara a su comunidad y busca darle respuestas.
